La Fundación Cultura y Comunicación organiza este jueves en Logroño una conferencia del Secretario General de Jóvenes Europeos Federalistas, el esloveno Peter Matjašič, bajo el título “Europa, hacia la unión política”. La cita es a las 19:30 horas en el “Área Loft” de los Cines Moderno.
El sector audiovisual está viviendo una importante reestructuración con consecuencias directas en el mando de nuestros televisores. La anunciada fusión entre Telecinco y Cuatro y la que se está cocinando entre Antena 3 y La Sexta concentrarán aún más el oligopolio empresarial de las televisiones privadas, con la consiguiente pérdida de pluralidad en los contenidos que vamos a sufrir los telespectadores.
Resulta paradójico que estas uniones (con un resultado más parecido a una absorción que a una fusión) se vayan a producir sólo unos años después de que el Gobierno socialista permitiera el nacimiento de dos nuevos canales analógicos en abierto, en aras, supuestamente, de una mayor diversidad y competencia en el sector. Ahora esas cadenas más jóvenes van a emparejarse con las que ya existían, perdiendo su independencia empresarial, ante las dificultades económicas que atraviesan.
Las apariciones públicas de los políticos están medidas al milímetro, detalle a detalle, para trasladar los mensajes diseñados con el menor margen de error e intentar proyectar ante las cámaras la imagen deseada. Lo planifican todo con esmero y hasta límites insospechados: la altura a la que deben situarse las manos, la forma de moverlas, el color de corbata más apropiado a cada contexto o las miradas y gesticulaciones que acompañan mejor a un determinado discurso.
Las técnicas de marketing y comunicación más modernas se han incorporado de lleno al modus operandi de los grandes partidos políticos españoles, convertidos en marcas comerciales que velan por su reputación de forma cada día más profesional.
Llevo un tiempo rumiando la idea y quiero compartirla con ustedes. Es encomiable la labor que realizan las asociaciones contra el ruido para defender el derecho a un sueño digno, pero su campo de actuación es claramente insuficiente. Proliferan nuevos tipos de ruidos que son más difíciles de medir que el generado por un bar con la música a todo volumen o por unos vecinos que utilizan su piso como sala de fiestas. Sonómetro en mano, la policía puede perseguir estos excesos sonoros, pero hay otros que no son clasificables en función de sus decibelios y que escapan por tanto a su control.
Ese vacío legal es el que pretende solucionar mi propuesta: una movilización ciudadana contra el ruido que generan o amplifican algunos políticos, tertulianos, medios de comunicación, internautas y aficionados varios al griterío. La industria política ha creado profesionales del ruido, cuya principal encomienda es ocupar el espacio mediático aunque no tengan nada que decir más allá de descalificaciones, frases hechas o mensajes demagógicos. Los medios de comunicación han alimentado estos monstruos haciéndose eco de sus palabras en lugar de someterlos a un severo régimen de aislamiento.
Internet ofrece a los partidos políticos nuevas vías de comunicación directa con los ciudadanos, sin necesidad de utilizar como intermediarios a los tradicionales medios de comunicación; pero al mismo tiempo, la libertad de la red supone una seria amenaza para el férreo control al que siempre tratan de someter a sus afiliados. Es frecuente escuchar a los dirigentes políticos alabar las cualidades de internet como canal de comunicación multidireccional, interactivo y democrático, pero el gesto se les tuerce cuando comprueban que algunos de sus militantes se expresan en la red como los ciudadanos críticos que son en lugar de actuar como propagandistas de los mensajes del partido. Es el dilema de querer abrirse a los ciudadanos al mismo tiempo que no renuncian a seguir teniendo sus filas bien cerradas.
El PSOE riojano no es ajeno a este dilema y su Comité Regional celebrado hoy en Riojaforum lo ha puesto encima de la mesa. Por un lado, los socialistas se proponen superar gracias a internet las dificultades de comunicación que impone el panorama mediático riojano; y por otra parte, quieren silenciar las voces críticas en la red de algunos de sus militantes. El informe de gestión presentado por la Ejecutiva arremete explícitamente contra “un pequeño colectivo de afiliados” que “se han obstinado en ir a contracorriente, perjudicando con sus intervenciones, conscientemente o inconscientemente, las posibilidades de éxito del Partido”. “La división interna o el permanente cuestionamiento de liderazgos y políticas decididas no ayudan en modo alguno al deseo de triunfo del proyecto”, prosigue el documento elaborado por Francisco Javier Rodríguez Peña, quien se fija como “prioridad” de su Secretaría de Organización “terminar radicalmente con estas malas prácticas”.
Este apartado del informe de gestión, presentado esta mañana al Comité Regional del PSOE, ha sorprendido a algunos sectores del partido por la dureza de las palabras empleadas y por la mención concreta a un “pequeño colectivo de afiliados”, a quienes la Ejecutiva de Martínez Aldama parece tener como objetivo a perseguir. El control que pretende implantar Rodríguez Peña se fundamenta, según el informe, en los estatutos del PSOE y en un protocolo aprobado recientemente de buenas prácticas en el uso de las redes sociales. “La opiniones personales, invocando la libertad de expresión, no pueden englobarse ni ampararse bajo ningún paraguas estatutario si no cumple con los deberes mínimos del militante afiliado, y por ello ya no se van a tolerar más”, concluye el texto.
Expedientes y expulsiones
El conflicto entre libertad de expresión y militancia en un partido político es siempre polémico. Actualmente, el Partido Socialista de Madrid mantiene abierto un expediente al concejal Alejandro Inurrieta por varias opiniones vertidas en su blog y en el diario económico Cinco Días. También fueron expedientados en enero de 2009 cuatro afiliados del PSOE de Cádiz a causa de un blog crítico que pusieron en marcha en la red. Y en Oviedo, la expulsión en 2007 de una militante socialista por la publicación de dos artículos en prensa, acabó en una condena de la Audiencia Provincial al PSOE por violar su derecho a la libertad de expresión.
“Toda la operación de instalación de Solaria en Fuenmayor se fundamenta, desde el inicio, en la utilización de un sistema financiero específico y especial que se utiliza de forma habitual para la instalación de huertos solares, y que nunca se ha utilizado para la producción o la fabricación. Un sistema financiero especial que no le otorga la propiedad de los terrenos, sino su arrendamiento vinculado, curiosamente y, de forma exclusiva, a la producción de energía solar. Por lo tanto no estamos ante la creación de una empresa de producción como reiteradamente se nos ha dicho desde el Gobierno, sino que estamos ante la construcción de un huerto solar. Exclusivamente. Nunca ha habido intención de fabricar. Solo se quería instalar un huerto solar. El Gobierno sabía perfectamente, desde el inicio, desde el 2 de mayo de 2008, que no se iba a instalar una factoría de producción, por lo tanto sabía desde esa fecha que un huerto solar, por muy grande que fuera, JAMÁS, podría absorber los 700 puestos de trabajo que se habían prometido”.
Lo cuenta en su blog Miguel González de Legarra, quien ha desvelado hoy que los antiguos terrenos de Electrolux no son propiedad de Solaria sino del Banco Popular.
Merece la pena leer detenidamente el post que ha publicado el presidente del Partido Riojano porque da en el clavo con la siguiente pregunta: ¿No cree Pedro Sanz que con el dinero que se ha gastado en Solaria, los empresarios riojanos hubieran sido capaces de crear más de 39 puestos de trabajo?
“Por una vida digna, sé experiodista” es el lema de esta campaña viral que pretende denunciar la precariedad laboral tan extendida en el sector de los medios de comunicación, los abusos empresariales y la consiguiente pérdida que sufren los ciudadanos en su derecho a estar bien informados.
Vía: Periodismo y Derechos Humanos.
Los mercados financieros han castigado duramente a España en la semana que hemos dejado atrás. Por un lado, los inversores han vuelto a exigir mayor rentabilidad a las nuevas emisiones de bonos del Tesoro, lo que se traduce en un encarecimiento del endeudamiento para el Estado. Un sobrecoste que pagamos entre todos y que ya sufrimos en diciembre cuando una de las agencias calificadoras (Standard & Poor’s) amenazó con revisar la valoración de nuestra deuda pública. España se vio obligada entonces a ofrecer más rentabilidad en la inminente subasta de bonos.
También ha habido movimientos esta semana en el complejo mercado de los derivados financieros, donde el coste de asegurarse contra el impago de la deuda española alcanzó el viernes máximos históricos. El precio de estos “seguros” (Credit Default Swaps, CDS) y la rentabilidad exigida a los bonos sirven para medir la percepción de riesgo que los inversores internacionales tienen de nuestro país. Pero se trata de una percepción interesada: los compradores de bonos salen ganando si aumenta su rentabilidad y la subida de los CDS da cuantiosas ganancias a quienes los adquirieron mucho más baratos hace sólo unos meses.
Ayer se presentó Europeando, un agregador de blogs del que formamos parte eurodiputados, periodistas, políticos y ciudadanos interesados en Europa. Y aunque nace coincidiendo con la Presidencia Española de la UE, lo hace con vocación de continuidad. Europeando está también en Facebook y Twitter.
La crisis del modelo de negocio que sufren los medios de comunicación, especialmente los periódicos impresos, los ha vuelto más vulnerables al poder de lo que siempre lo han sido. A la progresiva reducción de lectores, transferidos a otros soportes digitales, se ha unido la pérdida de valor para los anunciantes de los clásicos anuncios en prensa. El resultado es que las empresas informativas han perdido capacidad de negociación frente a sus clientes y dependen cada día más del poder político y económico. Dicho de otro modo, ante la crisis del que ha sido tradicionalmente su modelo de negocio –más ingresos publicitarios a más audiencia-, necesitan cada día más de otro tipo de acuerdos o convenios para sostener su cuenta de resultados.
Estuve pensando en ello el viernes pasado mientras asistía a un debate organizado por la Asociación de la Prensa de La Rioja sobre la sentencia que condena a dos periodistas de la Cadena SER, Rodolfo Irago y Daniel Anido, a un año y nueve meses de cárcel, así como a inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión periodística. Les supongo al corriente de los hechos que han motivado la condena: la publicación en internet de un listado de afiliaciones irregulares en una agrupación del PP madrileño. La noticia era especialmente relevante porque en la lista figuraban dos empresarios relacionados posteriormente con el Tamayazo, que puso en la bandeja de Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid.
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