Numerosos internautas se movilizaron la semana pasada contra la creación de una comisión dependiente del Ministerio de Cultura que pudiera cerrar las páginas web que enlazan contenidos sujetos a derechos de autor. Exigían, con razón, que debe ser un juez –y no un órgano administrativo- quien tenga esa potestad; y han logrado que el presidente del Gobierno se comprometa a que así quede recogido en la nueva Ley de Economía Sostenible.
Ideas en lataPor Pablo Urbiola
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