La crisis del modelo de negocio que sufren los medios de comunicación, especialmente los periódicos impresos, los ha vuelto más vulnerables al poder de lo que siempre lo han sido. A la progresiva reducción de lectores, transferidos a otros soportes digitales, se ha unido la pérdida de valor para los anunciantes de los clásicos anuncios en prensa. El resultado es que las empresas informativas han perdido capacidad de negociación frente a sus clientes y dependen cada día más del poder político y económico. Dicho de otro modo, ante la crisis del que ha sido tradicionalmente su modelo de negocio –más ingresos publicitarios a más audiencia-, necesitan cada día más de otro tipo de acuerdos o convenios para sostener su cuenta de resultados.
Estuve pensando en ello el viernes pasado mientras asistía a un debate organizado por la Asociación de la Prensa de La Rioja sobre la sentencia que condena a dos periodistas de la Cadena SER, Rodolfo Irago y Daniel Anido, a un año y nueve meses de cárcel, así como a inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión periodística. Les supongo al corriente de los hechos que han motivado la condena: la publicación en internet de un listado de afiliaciones irregulares en una agrupación del PP madrileño. La noticia era especialmente relevante porque en la lista figuraban dos empresarios relacionados posteriormente con el Tamayazo, que puso en la bandeja de Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid.
