Antes de que vinieran los tiburones financieros, los economistas debatían cuándo y cómo debían retirarse los estímulos económicos con los que el Gobierno ha tratado de reactivar la economía y el empleo: las inversiones en obra pública, el fondo para los ayuntamientos y las ayudas para la compra de coches o la rehabilitación de viviendas, entre otras medidas enmarcadas en el publicitario Plan E. Como consecuencia de estas actuaciones, pero también del descenso en la recaudación de impuestos y del aumento de las prestaciones por desempleo, el déficit público se disparó en 2009 y España ha realizado en los últimos meses numerosas emisiones de deuda pública.
Ante la perspectiva del inicio de una leve recuperación económica, el Gobierno se enfrentaba a la disyuntiva de priorizar el control del déficit o el mantenimiento de los estímulos. Una retirada demasiado temprana de éstos puede frenar las posibilidades de crecimiento y abortar el inicio de la recuperación. Pero su mantenimiento implica seguir incrementando el abultado déficit público y comprometer el pago de más intereses. Este interesante debate económico lo ha cortado súbitamente la voracidad de los mercados financieros y de los especuladores que allí habitan, con sus ataques al euro, sus exigencias de mayor rentabilidad a la deuda pública y sus apuestas bursátiles contra determinados países.
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